Casos Senkata y Sacaba: CIDH y ONU advierten riesgo de impunidad y Procuraduría apoyo a acciones legales
Las familiares de las víctimas de la masacre en Senkata, El Alto, de 2019. Foto: Gobierno nacional
La Procuraduría General del Estado adelantó que seguirá coadyuvando en las acciones legales.
Después que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresó su preocupación por las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares, la Procuraduría General del Estado adelantó que seguirá coadyuvando en las acciones legales.
La preocupación de la CIDH y la ONU se acentúa en la decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz, del 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución Nº 211/2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso Senkata.
El 25 y el 29 de agosto de 2025, los jueces a cargo de los procesos judiciales por los casos de Senkata y Sacaba, respectivamente, ordenaron la anulación de los expedientes judiciales por incompetencia en materia. Al respecto, entidades de derechos humanos como la Defensoría del Pueblo de Bolivia han expresado su preocupación ante el riesgo de que estas decisiones generen impunidad y vulneren el derecho de las víctimas al acceso a la justicia de manera pronta y oportuna.
La CIDH y ONU Derechos Humanos consideran que la anulación de lo actuado en los procesos judiciales puede representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación compromete el cumplimiento de las obligaciones del Estado de investigar, sancionar y reparar a las víctimas y supone una revictimización de las personas afectadas.
La Procuraduría señaló que seguirá coadyuvando en las acciones legales hasta lograr la reparación integral de los daños causados por las masacres de Senkata y Sacaba, y así evitar la impunidad.
“La Procuraduría seguirá coadyuvando en las acciones legales que correspondan, en el marco de la Constitución Política del Estado y los tratados suscritos por Bolivia, a fin de garantizar la verdad, justicia y reparación integral, en concordancia con las recomendaciones de la CIDH y ONU Derechos Humanos”, afirmó la entidad defensora de los intereses del Estado, en un comunicado.
