Fiscalía allana oficinas de YPFB en La Paz y Santa Cruz por presunto sobreprecio en compra de crudo
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en conferencia de prensa.
El Ministerio Público investiga presuntos hechos de corrupción en contratos con la empresa Trafigura. El fiscal general, Roger Mariaca, confirmó que se realizaron peritajes para determinar el daño económico al Estado.
En un operativo simultáneo ejecutado este viernes, el Ministerio Público y la Policía Boliviana intervinieron las oficinas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.
La acción judicial responde a una investigación penal por un presunto sobreprecio en la adquisición de petróleo a la empresa internacional Trafigura.
Investigación
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el proceso se originó en la Fiscalía Departamental de La Paz, pero debido a la magnitud del caso, se extendieron las diligencias a la capital cruceña para recolectar documentación clave y tomar declaraciones a gerentes de diversas unidades.
Los presuntos delitos que se investigan en esta etapa preliminar son: conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado.
“Se investiga por supuestos hechos de corrupción en la compra de crudo dentro de procesos de licitación, donde se advierte un posible sobreprecio”, explicó Mariaca.
Peritajes
A pesar de las consultas sobre el monto total del posible perjuicio al Estado, la autoridad del Ministerio Publico evitó dar una cifra preliminar para no incurrir en irresponsabilidades. Mariaca subrayó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) realizará un peritaje técnico especializado para cuantificar el daño.
Por su parte, el fiscal anticorrupción Aldo Mesa detalló en La Paz que las pesquisas nacieron a raíz de denuncias presentadas por parlamentarios y el vicepresidente del Estado, quienes observaron discrepancias significativas en los costos de adquisición en comparación con gestiones anteriores.
Próximos pasos
Hasta el momento, la causa se sigue contra “autores por determinar”. No obstante, la Fiscalía no descarta citar a altas autoridades en los próximos días.
Hasta el momento, los gerentes de diferentes unidades ya han prestado su testimonio.
El personal de Criminalística y la Policía Anticorrupción analizan los archivos secuestrados en ambas ciudades.
Se espera que la próxima semana la Fiscalía de La Paz brinde un informe detallado con los avances del análisis de documentos.
Este caso pone nuevamente bajo la lupa la transparencia en la gestión energética del país, en un contexto donde la fiscalización de los contratos de importación de hidrocarburos se ha vuelto una prioridad nacional.
